La FECOVET manifiesta su preocupación y repudio ante un reciente fallo que no solo atropella las incumbencias profesionales, sino que pone en riesgo la salud pública al permitir que personas sin matrícula ejerzan tareas propias de la profesión veterinaria
La FECOVET se solidariza con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, miembro de FECOVET, ante un reciente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón en la causa que fuera iniciada a partir de la denuncia efectuada por esta Institución contra una funcionaria del Área de Zoonosis del Municipio de Ituzaingó, que habría ejercido ilegalmente la profesión veterinaria sin contar con título habilitante ni encontrarse matriculada.
A mediados de 2018, el Colegio de Veterinarios de la provincia presentó una denuncia penal contra quien fuera Directora de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio de Ituzaingó y fue admitida como particular damnificado por el Juzgado de Garantías interviniente en la causa por ejercicio ilegal de la medicina.
Luego de que el Fiscal a cargo y el Juzgado de Garantías intervinientes resolvieran elevar la causa a juicio, la Cámara decidió sobreseer a la denunciada por el delito de usurpación de títulos. Se trata de un fallo no solo inaudito por la errada aplicación normativa (aplica la ley que regula el ejercicio de la medicina veterinaria en Capital Federal en lugar de la ley provincial), sino que además se efectúa una interpretación disparatada, concluyendo que cualquier funcionario público no profesional se encuentra en condiciones de ejercer la medicina veterinaria.
Esta situación claramente avasalla las incumbencias profesionales, pero además debe pone en alerta a la población que confía en que los organismos pongan al frente de las áreas de Zoonosis a profesionales veterinarios exclusivamente. SOLO LOS VETERINARIOS MATRICULADOS están facultados para accionar y ser responsables de las tareas vinculadas con sanidad animal. Menospreciar el rol del veterinario en estas instancias, es también un menosprecio por el bienestar animal, porque se expone a los animales a ser abordados por profesionales NO capacitado, y un grave riesgo para la salud de la población en su conjunto.
Por otra parte, es igualmente preocupante el poco nivel de conocimiento de las leyes aplicables por parte de los jueces intervinientes, y el aval que se brinda desde organismos oficiales para que se pueda realizar una intervención quirúrgica sin conocimientos profesionales, con el solo respaldo administrativo de su cargo. Es claramente un acto de irresponsabilidad institucional mayúsculo.
Las consecuencias de un accionar tan irresponsable solo redunda problemas sanitarios, un alto caudal de atención de situaciones de emergencia por parte de los veterinarios y un sinfín de situaciones a las que se termina exponiendo a la sociedad, a consecuencia de decisiones peligrosas y poco criteriosas.
Reiteramos que LOS PROFESIONALES VETERINARIOS MATRICULADOS son los encargados de bregar por el bienestar y la salud animal y desarrollar prácticas con la idoneidad y responsabilidad que otorga su vocación y respaldan institucionales los Colegios y Consejos de Veterinarios.
